¿WIZINK te condona?, ni se te ocurra aceptar.

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¿WIZINK, HOIST FINANCE, TTI, ESTRELLA RECEIVABLES… te han llamado diciendo que te condonan, que te hacen una oferta o que te perdonan parte de los intereses?, no aceptes, te explico por qué.

Me están comentando muchos clientes que les están llamando desde empresas y entidades financieras como HOIST FINANCE, WIZINK, CETELEM y otras, ofreciéndoles una quita de la deuda a cambio de un pago único.

Se ponen en contacto con clientes que han dejado de pagar sus tarjetas o líneas de crédito revolving, extraño,¿no?, plantean una quita, ¿regalar dinero al cliente?, algo no cuadra.

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Preguntas y respuestas para accionistas del Popular.

En este breve post respondemos a algunas de las dudas más comunes de los accionistas de Banco Popular.

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En este breve post respondemos a algunas de las dudas más comunes de los accionistas de Banco Popular.

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¿Quién puede reclamar al Banco Popular?

Accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada que hayan visto desaparecer su inversión.

Aquéllos que vendieron sus títulos antes de que Banco Santander comprara al Popular pueden estudiar presentar una demanda en función del momento en que compraran las acciones, sobre todo si fue en la ampliación de capital.

¿Cuánto puede reclamar al Banco Popular?

Normalmente la cantidad invertida, es poco habitual que los jueces acepten indemnizar más allá de esa cantidad, a la que habrá que restar la rentabilidades percibidas (en caso de deuda) así como los dividendos (para el caso de acciones).

¿Quién es el responsable de indemnizar a los afectados del Banco Popular?

El Banco Popular sigue existiendo en este momento por lo tanto será quien deba indemnizar, para el caso de que no pudiera, cuenta con el respaldo del Banco Santander, que se subroga en la posición jurídica del Popular y que tendrá que hacer frente a las consecuencias jurídicas de un posible enriquecimiento injusto por la pérdida de valor de las acciones del Banco Popular.

¿Hasta cuándo puedo reclamar al Banco Popular?

El momento en el que empieza a contar el plazo es desde que se conoce la situación de insolvencia del Banco Popular, por lo tanto, y en función del tipo de procedimiento que se escoja, los afectados disponen de 3 ó 5 años para iniciar las reclamaciones.

¿Qué sucede con los pleitos relativos a cláusula suelo ya iniciados contra el Banco Popular?

La compra por parte del Santander no afecta a estos pleitos, continuarán con normalidad, se calcula que son 400 los millones de euros que quedan por reembolsar a los clientes por la aplicación de la cláusula suelo en contratos de préstamo hipotecario.

¿Cuántos millones de euros vendió el Banco Popular a accionistas minoritarios?

Se calcula que de los 2500 millones de euros de la ampliación de capital, 1500 millones fueron a parar a pequeños accionistas.

¿Qué es el MUR (Mecanismo único de Resolución)?

Es un sistema a escala de la UE para gestionar las crisis financieras de entidades que no sean viables.

¿Cuál es le propósito del MUR (Mecanismo único de Resolución)?

El propósito del Mecanismo Único de Resolución (MUR) es garantizar la resolución ordenada de los bancos en quiebra con un coste mínimo para los contribuyentes y la economía real.

Sus objetivos fundamentales son:

  • reforzar la confianza en el sector bancario
  • evitar el pánico bancario y el contagio
  • minimizar la relación negativa entre los bancos y los emisores soberanos
  • eliminar la fragmentación del mercado interior de los servicios financieros.

Más información sobre el MUR.Click.

¿Qué recomendamos hacer?

Nuestra recomendación es que busque asesoramiento jurídico profesional, esta operación ha tenido varios protagonistas que tendrán que asumir responsabilidades por los muchos errores que se han cometido, tanto en la vía civil como en la penal.

Si desea más información puede contactar con nosotros

Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse a la sede de la empresa en C/Jerónimo Zurita, nº 7, 2º Izda. 50001. Zaragoza, escribirnos al siguiente correo fpiqueras@reicaz.com o llamarnos al número de teléfono 644 40 32 57. Click para saber más sobre cómo trataremos tus datos personales Datos

Información en  medios:

Acciones, preferentes o bonos del Banco Popular

La reciente venta del Banco Popular al Santander por en un euro puede provocar cierta incertidumbre en los clientes, accionistas y bonistas del Banco Popular.

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Los abogados especializados en derecho bancario de [AP] están trabajando para asegurar la defensa de los intereses de aquellos clientes del Banco Popular que se hayan visto afectados por la venta y poder ofrecerles el mejor asesoramiento profesional en relación con su caso particular.

Si lo desea puede contactar con nosotros a través del formulario.

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A través de estos enlaces puede seguir la historia de la caída del Banco Popular:

  1. Desplome en bolsa del Banco Popular.
  2. 8 claves de la caída en bolsa del Banco Popular.
  3. Plan de reestructuración del Banco Popular.
  4. Ángel Ron sustituido por Emilio Saracho.
  5. Pérdidas de 137 millones.
  6. Pérdida de 1000 millones de capitalización.
  7. Banco Santander compra Banco Popular.
  8. Organización de afectados.
  9. Contra quién ir.

Demandar al Popular [Afectados Zaragoza]

Demandas y reclamaciones por las acciones de Banco Popular.

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Muchos pequeños y medianos inversores han visto como desaparecía su inversión con la venta por un euro, precio simbólico, del Banco Popular al Banco Santander.

Estos son algunos de los elementos que caracterizan las irregularidades que se han destapado tras la venta:

  1. Falta de información.
  2. Vicios del consentimiento
  3. Riesgos ocultos.
  4. Errores contables.

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Si es afectado por el Banco Popular tiene derecho a luchar por su inversión y reclamar judicialmente, le recomendamos que tenga estos puntos en cuenta:

  • La personalidad jurídica del Banco Popular se mantiene, si tiene un procedimiento judicial contra él, por bonos o preferentes, sigue pudiendo defender sus intereses.
  • La venta del Banco Popular no impide exigir responsabilidades por la vulneración de sus derechos.
  • Existen sólidos argumentos para demandar ya que la actuación de los responsables de Banco Popular adolece de graves deficiencias.
  • El hecho de que las acciones ya no coticen en Bolsa le beneficia para dar por consolidada la pérdida generada.
  • El Banco Santander, si se acepta la tesis del enriquecimiento injusto, deberé responder ante los 300000 pequeños inversores que han visto desaparecer de la noche a la mañana el valor de su inversión.
  • Cada caso debe de ser estudiado individualmente.

Si necesita más información contacte con nosotros.

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Información en los periódicos de mayor tirada:

[Ley de Segunda Oportunidad: lo que todo deudor debe saber] | 2020 |

Acuciado por las deudas, las cuentas no cuadran, los acreedores empiezan a acosar, las comisiones se acumulan, las cuentas bancarias en negativo, solo piensasn en cancelar tus deudas y volver a vivir tranquilo…La Ley de Segunda Oportunidad puede ser la solución a tus problemas.

El mecanismo de Segunda Oportunidad, que también podríamos llamar concurso de acreedores de persona física, aunque igualmente es válido para personas jurídicas, permite a quien ha hecho todo lo posible por liquidar sus deudas intentar un acuerdo extrajudicial de pagos, o pasar al concurso consecutivo, terminando con la exoneración de deudas.

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La Ley de Segunda Oportunidad nace motivada por la total desprotección que los deudores de buena fe tenían frente a las deudas adquiridas. Nótese que la buena fe del deudor es un requisito indispensable para poder llegar al BEPI (Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho).

La desprotección de la que hablamos tiene su origen en el artículo 1911 del Código Civil: «…el deudor responderá con todos sus bienes, presentes y futuros.»

Esas diez palabras que acabamos de reproducir implicaban para quien había adquirido deudas que no podía afrontar, que durante el resto de su vida las iba a arrastrar, una condena civil a perpetuidad.

Lo anterior choca con la posibilidad que tienen las personas jurídicas de entrar en liquidación, haciendo frente a las deudas solo con el patrimonio que en ese momento tuvieran, para desaparecer después del tráfico jurídico.

La inexistencia hasta 2015 de un mecanismo de este tipo provocó, no solo que miles de propietarios perdieran sus viviendas y se quedaran con una deuda frente a la entidad financiera, sino que muchos de ellos no tuvieran más remedio que salir de los circuitos económicos legales, esto es, a trabajar en dinero «B».

REGULACIÓN DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

En nuestra opinión, tres son las normas básicas que regulan el mecanismo de Segunda Oportunidad:

No son ni mucho menos las únicas normas que inciden en este proceso de reestructuración de deudas, se cuentan, al menos, cincuenta normas más que de un modo un otro inciden en la Segunda Oportunidad.

A lo anterior se suman las recientes medidas adoptadas en relación con el Derecho Concursal a raíz de la pandemia, la necesaria transposición de la Directiva Europea 2019/1023, así como la reciente publicación de una reforma de la Ley Concursal que entrará en vigor en septiembre de este año, que contiene, ni más ni menos, que 720 artículos.

¿QUIÉN PUEDE AYUDARME A ACOGERME A LA SEGUNDA OPORTUNIDAD?

Lo cierto es que en la tramitación de la Segunda Oportunidad intervienen numerosos profesionales, a saber.

    • Abogado
    • Procurador
    • Mediador Concursal
    • Notario
    • Administrador Concursal

Por supuesto faltaría por nencionar al juez del concurso, si lo hubiere, y a los acreedores.

Sinceramente, en materia de reestructuración de deudas, lo mejor que puedes hacer es contratar a un abogado especialista en Derecho Concursal, más, si el concurso reviste un mínimo de complejidad o hay varios acreedores.

El abogado concursal te guiará en todos los procedimientos que son necesarios a lo largo del concurso, será quien esté en contacto permanente con los profesionales que hemos citado, quien negocie con los acreedores y el que preparará la documentación para intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, así como, si se da el caso, la relativa al concurso consecutivo y la liquidación.

CUÁNTO CUESTA LA SEGUNDA OPORTUNIDAD. PRECIO SEGUNDA OPORTUNIDAD

¿VALE LA PENA ACUDIR A ESTE PROCEDIMIENTO DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS?

Antes de embarcarse en cualquier procedimiento, sea de la índole que sea, hay que hacer un análisis de los pros y los contras.

La Sª. Oportunidad puede ser una salida fantástica a una mala situación económica, de eso no hay duda. Como tampoco la hay sobre que es un procedimiento complejo.

Además la tramitación no es ni tan fácil, ni tan bonita, como la pintan.

Quiero decir con lo anterior que es un proceso costoso si quiere que se lo gestione un profesional comprometido, que intervienen diferentes figuras que pueden querer que su trabajo sea remunerado adecuadamente y, si no lo es, ralenticen el proceso.

El deudor debe saber de antemano, que será obligatorio liquidar totalmente su patrimonio, destinando su producto a afrontar las deudas pendientes, así como que los créditos de Derecho Público se deben pagar, si o si, al igual que las pensiones de alimentos y similares.

Que al final del camino se encontrará, si cumple con los requisitos exigidos en la Ley, con el Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho, esto es, el perdón de las deudas que no haya podido afrontar, es la mejor parte del mecanismo de Sª Oportunidad.

¿CUÁNTO CUESTA ACOGERME A LA SEGUNDA OPORTUNIDAD?

Teniendo en cuenta que la Sª Oportunidad es un procedimiento para deudores que no pueden hacer frente a sus obligaciones, es perfectamente comprensible que reunir el dinero que requiere poner en marcha el mecanismo se convierta en una misión del todo imposible.

Un concurso de este tipo puede costar, fácilmente, entre 3000 y 5000 euros, sin contar todos los gastos del mismo, es una cantidad importante y más para quien está en insolvencia.

Ahora bien, el deudor debe preguntarse si merece la pena seguir pagando parte de una enorme deuda que nunca va a poder liquidar o es preferible ponerse en manos de profesionales que paralicen la sangría económica, destinando esos recursos a conseguir, algún día no muy lejano, volver a empezar libre de deudas, cargas y obligaciones.

Es normal que el ciudadano no disponga de la cantidad necesaria, ni de la posibilidad de pedirla prestada a las entidades financieras con las que trabaja, una buena solución es hablar con amigos y familiares para hacer un último esfuerzo y poder tener la opción de empezar de nuevo.

MÁS COSAS QUE DEBES SABER.

Si quisiéramos contarte absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el mecanismo de 2ª Oportunidad del que venimos hablando, necesitaríamos muchísimos más post, por el momento vamos a reproducir algunos de los artículos que todo deudor debe conocer, antes siquiera, de plantearse iniciar un concurso de acreedores.

Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa.

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3.

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

5.º Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del beneficio.

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o no se oponen a la misma, el Juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación.

La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 y se le dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio.

5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado.

Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos.

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado.

Si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se hubiera procedido a la liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio común.

6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés.

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas.

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años siguientes a su concesión:

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos.

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, o

d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.

La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. En caso de que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso.

8. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya revocado el beneficio, el Juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso.

También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembargables.

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargable los previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno.

Artículo 231. Presupuestos.

1. El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona natural empresario, deberá aportarse el correspondiente balance.

A los efectos de este título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos.

2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos:

1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.

El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación en el Registro Público Concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial que homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso.

4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.

5. Los créditos con garantía real se verán afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo dispuesto por los artículos 238 y 238 bis.

Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial, aunque gocen de garantía real.

No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Preconcurso de acreedores DENTIX. Recopilación Noticias.

En MARZO de este año, en pleno estado de alarma, DENTIX solicitó el preconcurso de acreedores acogiéndose a lo estipulado en el artículo 5 bis de la Ley Concursal.

Han sido varios los medios de comunicación que se han hecho eco de esta situación.

Otros medios se han centrado en los problemas de los afectados por el cierre de las clínicas DENTIX que, al ver que aun pudiendo haber abierto permanecen sin dar atención a sus pacientes, se han empezado a organizar en plataformas según su lugar de residencia.

En este post iremos recopilando las direcciones web de páginas que hablan sobre con el preconcurso de acreedores de DENTIX y otros temas relacionados.

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NOTICIAS SOBRE EL PRECONCURSO DE DENTIX, Y ANTERIORES.


 

ADICAE llama a los consumidores murcianos afectados por las clinicas Dentix a participar en la asamblea virtual

Los afectados por el cierre de Dentix se echarán a la calle

 

GETAFE/ Podemos reivindica el dentista municipal tras el caso Dentix

Dentix negocia un rescate con la banca, el ICO y el fondo Sherpa Capital

Dentix logra la salvación después de que KKR le perdone una deuda de 160 M

Dentix pide el preconcurso de acreedores y deja en el aire a empleados y clientes

Dentix prorroga el ERTE hasta 2021 y solo incorpora al 30 % a media jornada

KKR y Enrique Francia abortan su entrada en las clínicas Dentix

Cetelem, BBVA, KKR y miles de clientes atrapados en la boca de Dentix

Dentix teme por su viabilidad: Advent (Vitaldent) renuncia a rescatarla

Inquietud entre los clientes de Dentix al no reabrir las clínicas

Irache recibe decenas de reclamaciones y consultas por el cierre de Dentix

Clientes de Dentix en Valladolid preparan pleitos ante el cierre de clínicas «enmascarado en el estado de alarma»

La desoladora realidad de Dentix: solo un milagro salvará a clientes y empleados

Dentix solicita «paciencia» a sus clientes y asegura que reabrirá «sus clínicas en mayo»

Afectados por el cierre de Dentix ponen en marcha una plataforma para reclamar los tratamientos pagados

¿Es Dentix la próxima burbuja de la medicina dental a estallar en España?

Dentix vende 47 millones de créditos a clientes en plena búsqueda de un socio

Dentix despidió a su auditor mientras negociaba con KKR

Dentix invoca el primer preconcurso de acreedores del coronavirus

Dentix pone a la venta las filiales en el exterior para garantizar su viabilidad

Discrepancias por 40 millones ponen en jaque la toma de Dentix por KKR

10.000 odontólogos piden el cierre ordenado de las clínicas y poder hacer ERTE

KKR y Enrique Francia renuncian a entrar en Dentix tras comprobar la situación real de la compañía

Dentix presenta preconcurso de acreedores mientras busca un nuevo socio industrial

Las cadenas de clínicas dentales: una historia de ambición, escándalos y pelotazos

Además de estas noticias sobre el tema, os recomendamos visitar:

Puedes Unirte a esta plataforma de pacientes y afectados, haz click en la imagen:

PLATAFORMA-PACIENTES-Y-AFECTADOS-DENTIX-2020

[https://www.facebook.com/groups/plataformapacientesyafectadosdentix2020/]

Desde nuestro despacho de abogados estamos asesorando a afectados de DENTIX sobre cómo presentar las reclamaciones.

Si tienes dudas sobre la forma correcta de proceder, ante quién y en qué orden, puedes ponerte en contacto con nosotros y te informaremos de nuestros servicios.

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OTRAS NOTICIAS SOBRE DENTOESTETIC, AFECTADOS POR DENTIX Y RECLAMACIONES

Primeras reclamaciones de afectados por las clínicas de Dentix en Jerez

Presupuesto financiado no completado

Mal servicio, Mala praxis, malos profesionales etcétera.

Decenas de reclamaciones de navarros ante el cierre de una conocida cadena de clínicas dentales

 

Novedades sobre las reclamaciones a DENTIX

Miles de clientes de DENTIX se preguntan qué está pasando con la red de clínicas dentales.

Ya empiezan a crearse plataformas de afectados de Dentix para organizarse y defender sus derechos.

A nuestro despacho de abogados han llegado consultas sobre qué deben hacer los clientes e intentamos despejar algunas dudas.

afectados cierre dentix

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON DENTIX?

En la página RECLAMACIONES DENTIX contábamos que la empresa había entrado en preconcurso de acreedores.

Hacerlo le permite negociar con los acreedores y evitar que uno o varios de ellos insten el concurso en el juzgado por haber deudas que no han sido pagadas. Según El Confidencial, DENTIX dejó de pagar a proveedores a finales de enero, esto es, mes y medio antes de la declaración del estado de alarma y de pedir el preconcurso.

Entendemos que con su proceder lo que pretende es ganar tiempo.

Creemos que DENTIX no está bien financieramente, y menos, tras la renuncia a invertir de uno de sus socios.

El problema no es que esté en preconcurso de acreedores, sino que no han abierto las clínicas en todo el estado de alarma, ni siquiera para atender  las urgencias de sus clientes.

Según este artículo de la Gaceta Dental las clínica dentales podrían haber abierto desde principio de mes, siguiendo unas pautas de seguridad e higiene y cumpliendo ciertos requisitos.

Podría ser que algunas clínicas DENTIX no pudieran abrir por ser muy grandes, por la fase del estado de alarma, por estar en centros comerciales o no tener acceso directo desde la calle, pero entendemos que el resto deberían haber abierto aunque fuera con el personal mínimo para atender urgencias.

O, en caso de imposibilidad de abrir, haber dado una solución a los pacientes de sus clínicas.

Sin embargo DENTIX presentó un ERTE para el 98% de su plantilla, esto es, 3200 trabajadores.

Posteriormente han salido informaciones en medios de ámbito nacional, como El Confidencial, en el que aseguran que el ERTE se va a prolongar hasta el año 2021, y que, solo el 30% de la plantilla se va a reincorporar a su puesto de trabajo en las clínicas dentales, y no a jornada completa.

También circulan rumores de que tras el ERTE van a plantear un ERE por causas económicas, organizativas y de la producción.

¿QUÉ VA A PASAR CON DENTIX?

Como era de esperar, la incertidumbre se ha extendido entre los pacientes y afectados de DENTIX.

Ya se les puede llamar afectados, toda vez que han iniciado tratamientos y, a día de hoy, nadie les atiende, aunque lo peor es que los pacientes que tenían piezas provisionales o tratamientos a medias, ante el cierre de las clínicas, no han tenido servicio de urgencias para resolver los problemas que han podido aparecer durante el estado de alarma.

Aunque la empresa ha emitido diferentes comunicados anunciando su intención de volver a abrir, la información que circula por internet indica lo contrario, las clínicas siguen cerradas, no consiguen ponerse en contacto con la empresa y nadie les llama para darles cita o atender casos de urgencia.

No sabemos si las clínicas DENTIX volverán a abrir, creemos que están en una situación financiera muy complicada, a la que el estado de alarma no ha ayudado lo más mínimo, lo que es claro, es que ya podrían estar abiertos aunque fuera con los servicios mínimos.

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¿ME BUSCO UN ABOGADO PARA DENUNCIAR A DENTIX?

Antes de que nadie se lance a denunciar a DENTIX, hay que analizar la situación detenidamente, tanto mejor si lo haces con un abogado que te asesore.

Una de las mayores preocupaciones de los clientes es qué hacer con la financiación del tratamiento dental con DENTIX.

En primer lugar, si quieres cancelar la financiación del tratamiento dental, hay que informar a Dentix de tu intención de resolver el contrato que te une con ellos, siempre y cuando no esté terminado, disponen de un plazo para intentar resolver el problema.

Sobre el problema de las garantías y las revisiones hablaremos pronto en otro post.

Dado que la plantilla está en ERTE, las clínica cerradas y es harto difícil contactar con ellos, hay que acudir al envío de un burofax u otro tipo de comunicación fehaciente para hacérselo saber.

Tras comunicar a DENTIX tu intención de cancelar el contrato con ellos, es cuando deberás informar a la financiera que debe dejar de pasar recibos.

Al tema de la devolución de los pagos en tratamientos no terminados dedicaremos otro artículo.

Nuestra recomendación es que, si no crees que vayan a abrir las clínicas o has perdido totalmente la confianza en DENTIX como empresa, prepares una carta resolviendo el contrato con la clínica, otra para la financiera informando de que debe dejar de girar recibos a tu cuenta y otra más para DENTIX pidiendo tu historial clínico para poder continuar el tratamiento en otro sitio, este escrito puedes unirlo al de resolución del contrato.

Aún podrías enviar otras, al Colegio de Odontólogos con tu queja, y a la institución de defensa del consumidor de tu comunidad autónoma, e incluso hay pacientes que directamente han puesto denuncia en la Policía porque se sienten estafados.

Desde nuestro despacho de abogados estamos asesorando a afectados de DENTIX sobre cómo presentar las reclamaciones.

Si tienes dudas sobre la forma correcta de proceder, ante quién y en qué orden, puedes ponerte en contacto con nosotros y te informaremos de nuestros servicios.

Rellena el formulario.

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PROYECTO DE RDL MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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PREÁMBULO RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

I

El pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que se incluyeron, entre otras medidas, limitaciones a la libertad de circulación de las personas, con los efectos que ello supone para ciudadanos, trabajadores y empresas. Específicamente, en el ámbito de la Administración de Justicia, se procedió a suspender con carácter general, los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución.

Desde entonces, el Estado ha procedido a adoptar un conjunto de medidas dirigidas a proteger a las personas del riesgo de contagio, a atender a las que son especialmente vulnerables, a garantizar la prestación de servicios públicos esenciales, así como a velar por las personas trabajadoras y las empresas.

Para hacer frente a las posibles consecuencias de esas medidas, la Administración de Justicia debe prepararse, tanto desde el punto de vista de la adopción de los cambios normativos necesarios en las instituciones procesales como desde la perspectiva organizativa, y todo ello con el objetivo de alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.

En efecto, la Administración de Justicia ha sufrido una ralentización significativa como consecuencia de la crisis del COVID-19, por lo que se hace necesario adoptar el presente real decreto-ley que tiene por finalidad, además de otras más concretas, procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión.

Asimismo, deben adoptarse medidas en previsión del aumento de litigiosidad que se originará como consecuencia de las medidas extraordinarias que se han adoptado y de la propia coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria.

En un Estado Social y de Derecho como en el que vivimos toda la ciudadanía tienen que participar del proceso de recuperación de las consecuencias de la crisis. La actual situación sanitaria tiene un impacto global, y acarreará efectos negativos en un amplio conjunto de colectivos sociales, si bien las consecuencias sociales y económicas afectarán más gravemente a los colectivos vulnerables.

Indudablemente, resulta preciso configurar procedimientos que permitan sustanciar con celeridad pretensiones con origen directo y fácilmente identificable en la crisis sanitaria derivada del COVID-19 como, por ejemplo, el reequilibrio del régimen de visitas o custodia compartida no disfrutados por las limitaciones de la libertad deambulatoria u otras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. Con este mismo fin, se hace necesario declarar la preferencia para el despacho y tramitación de otros procedimientos ya contemplados en las leyes procesales vigentes.

Asimismo, durante todo el tiempo que perdure esta crisis sanitaria, se han de adoptar medidas que garanticen el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, como de los ciudadanos y de los profesionales que se relacionan con dicha Administración, procurando de esta manera evitar situaciones de contagio.

Por ello es de singular importancia incluir medidas que garanticen la distancia de seguridad en el desarrollo a las vistas y audiencias públicas y el fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales.

II

El presente real decreto-ley se estructura en tres capítulos, que contienen un total de veintisiete artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y una disposición derogatoria.

El capítulo I regula las medidas de carácter procesal. En primer término, se establecen una serie de disposiciones dirigidas a retomar la actividad ordinaria de los juzgados, además de dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad que se derivará de la propia crisis sanitaria. En este sentido, se habilita excepcionalmente y de forma parcial el mes de agosto, pretendiendo con ello dar continuidad a la actividad judicial durante este mes que, de ordinario y con carácter general, es inhábil en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por otra parte, los plazos y términos previstos en las leyes procesales quedaron afectados como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, salvo los supuestos excepcionados en la disposición adicional segunda del mismo real decreto. En aras a la seguridad jurídica resulta necesario establecer unas reglas generales para el cómputo de los plazos, optándose el artículo 3 por el reinicio del cómputo de los plazos y por no tomar en consideración, por tanto, el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma.

Asimismo, aunque los plazos procesales han sido suspendidos en los términos que se ha descrito anteriormente, los jueces y magistrados han venido dictando sentencias y otras resoluciones y se ha continuado con su notificación en la medida en que ha sido posible en función de la reducción de actividad del personal al servicio de la Administración de Justicia. Es previsible, en consecuencia, que en los primeros días en que se retome la actividad judicial ordinaria tras el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales, se produzca un notorio incremento en el número de recursos presentados frente a dichas resoluciones. Debe garantizarse que la vuelta a la normalidad, una vez se reactiven los plazos y el servicio de notificaciones, no suponga un colapso de las plataformas para presentación de escritos y demandas, y que los juzgados y tribunales puedan dar respuesta a todos ellos, así como que los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia tengan el tiempo necesario para preparar los escritos procesales en aras a proteger el derecho de defensa de sus clientes y representados. Para ello, se acuerda la ampliación de los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y otras resoluciones que ponen fin al procedimiento y sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de los plazos procesales suspendidos, permitiendo de esta manera que estos puedan presentarse de forma escalonada en un plazo más prolongado de tiempo, y no concentrados en escasos días después del citado levantamiento.

De particular interés es la regulación “ex novo” de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria. Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias han tenido incidencia en el normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de los menores, provocando en ocasiones desequilibrios en los tiempos de disfrute, lo cual es previsible que pueda desembocar en demandas y solicitudes ante los juzgados con competencias en materia de derecho de familia. Por otra parte, las consecuencias económicas que se derivarán de la crisis del COVID-19 pueden conllevar alteraciones a las situaciones económicas de los obligados al pago de pensiones alimenticias o bien en las situaciones de los que las reciben, lo que dará lugar a que sean instados procedimientos para la modificación de tales medidas. Para dar una respuesta rápida y eficaz a tales pretensiones, se regula en presente real decreto-ley este procedimiento especial pensando en particular en el interés de los menores afectados y contribuyendo a su mejor protección.

En el capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal. La crisis sanitaria del COVID-19 constituye un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable. Es por ello que en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se extendió a estas empresas la posibilidad de acceder a un expediente de regulación temporal de empleo en los términos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

A las medidas ya adoptadas en dicho real decreto-ley, se añaden ahora otras, con una triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos deudores, se suspende el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel; así mismo se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos últimos se permite además la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que transcurra un año desde la presentación de la anterior. En segundo lugar, se trata de potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez, calificando como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. En este mismo sentido, con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma. Por último, para evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación).

Se trata, en definitiva, de evitar que el escenario posterior a la superación de la crisis del COVID-19 nos lleve a declaraciones de concurso o apertura de la fase de liquidación respecto de empresas que podrían ser viables en condiciones generales de mercado (valor en funcionamiento superior al valor de liquidación), con la consiguiente destrucción de tejido productivo y de puestos de trabajo.

El capítulo III regula medidas de carácter organizativo y tecnológico destinadas a afrontar de manera inmediata las consecuencias, ya expuestas, que ha tenido la crisis del COVID-19 sobre la Administración de Justicia.

Así, se establece la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio. No obstante, en el orden jurisdiccional penal, la celebración de juicios preferentemente mediante presencia telemática se exceptúa en los supuestos de procedimientos por delitos graves, en los que la presencia física del acusado resulta necesaria.

Igualmente, para atender a los mismos fines, se limita el acceso del público a todas las actuaciones orales atendiendo a las características de las salas de vistas. Se posibilita, así, el mantenimiento de las distancias de seguridad y se evita las aglomeraciones y el trasiego de personas en las sedes judiciales cuando ello no resulte imprescindible.

Con la misma finalidad se establece un sistema de atención al público por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, de tal forma que se limita la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios y únicamente mediante cita previa.

La recuperación de la actividad ordinaria de las oficinas judiciales y fiscales requiere no dilatar el plazo de reincorporación tras el levantamiento de las principales restricciones y de esta forma establecer medidas que coadyuven a afrontar con el menor impacto posible en el incremento de litigiosidad.
De este modo, se prevé la creación de unidades judiciales para el conocimiento de asuntos derivados del COVID-19 y se establece la posibilidad de que los Letrados de la Administración de Justicia puedan, durante el periodo de prácticas, realizar funciones de sustitución o refuerzo, entre otras medidas. Con ello se pretende atender la urgente necesidad de regularizar la situación de juzgados y tribunales para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.

Además, tal objetivo ha de compatibilizarse con la adecuada protección de la salud del personal de la Administración de Justicia, del resto de profesionales y de los particulares que acuden a sus sedes. Por ello, se precisan medidas que supongan la distribución temporal de la prestación de servicios por el personal de las oficinas judiciales, de forma que puedan cumplir con su horario habitual de forma sucesiva. Con tal objeto, se establecen jornadas de trabajo de mañana o tarde, evitando con ello la coincidencia de todo el personal en las mismas horas. El cumplimiento de ese horario por distintos funcionarios, aun sin ampliación de jornada, permite, además, la celebración de juicios y vistas no solo en horario de mañana, sino también durante las tardes.

En la disposición final primera se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia facilitando el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, fomentando así el teletrabajo, y se modifica el sistema de identificación y firma reconocidos, disociando uno de otro, en los mismos términos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En particular, facilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, así como el acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos en la Administración de Justicia, implicará que todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías se doten de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente.

La disposición final segunda modifica y amplía la “vacatio legis” de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil hasta el 30 de abril de 2021. La actual coyuntura y la necesidad de concentrar los esfuerzos en la recuperación de la actividad en el Registro Civil impide abordar en estos momentos el cambio organizativo y de funcionamiento que requiere en tan corto periodo de tiempo por lo que resulta necesario ampliarlo para garantizar su adecuada y plena entrada en vigor.

La disposición final tercera pretende paliar las dificultades derivadas de la gran cantidad de notificaciones que, con toda probabilidad, tras el estado de alarma el Ministerio Fiscal va a recibir.

III

El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar Decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la declaración de estado de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas.

En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez que se adoptan vía legislación de excepción medidas de contenido económico y social para afrontar sus consecuencias en la ciudadanía. Pero también adoptar medidas organizativas y procesales que permitan la activación de la Justicia tras el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que eviten el colapso de los Juzgados y Tribunales con el previsible aumento de la litigiosidad en determinados ámbitos.

En este sentido, es importante recordar que la Constitución española reconoce el derecho fundamental a un proceso «sin dilaciones indebidas» (artículo 24.2). La finalidad específica del derecho radica en la garantía de que el proceso judicial, incluida la ejecución, se ajuste a adecuadas pautas temporales (sentencia del Tribunal Constitucional 35/1994, de 31 de enero).
Se trata de un concepto técnico-jurídico que el Tribunal Constitucional ha ido aquilatando a lo largo del tiempo y que no necesariamente coincide con la percepción ciudadana de lo que significa «retraso» o «lentitud». La tutela judicial de los derechos necesita tiempo para que los principios fundamentales que la rigen puedan desplegarse
(dualidad de posiciones, igualdad de armas, contradicción). «Justicia tardía no es justicia», suele decirse con acierto, pero tampoco lo es «justicia instantánea». Hace falta tiempo, pero este no puede ser excesivo. Con el fin de conciliar estos principios, resulta urgente y necesario adoptar las adecuadas medidas organizativas que permitan optimizar los medios personales y materiales existentes y, al propio tiempo, establecer normas procesales temporales que faciliten la celeridad de determinados procedimientos, incorporando a éstos las nuevas tecnologías. Respecto a este último aspecto, resulta también urgente y necesario incorporar a la Administración de Justicia instrumentos que permitan adoptar las medidas de seguridad y mitigación de contagios recomendadas por la autoridad sanitaria, evitando desplazamientos a las sedes judiciales y aglomeraciones de personas en espacios reducidos.

Asimismo, ante este escenario inédito, por lo prolongado en el tiempo y por la amplitud de su espectro, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (sentencias del Tribunal Constitucional 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 2019, recurso de inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública.

Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción de estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación con los primeros, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real recreto-ley no se afecta a ninguna de estas materias.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna institución básica del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los ciudadanos, no se incorporan afecciones al régimen de las Comunidades Autónomas puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna con el régimen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación en este punto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.

Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta en el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas excepcionales derivadas de la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, siendo este el momento de adoptar medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y constituyendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de minimizar el impacto en la actividad judicial ante la situación excepcional actual, permitiendo reactivar los procedimientos suspendidos, agilizar determinados trámites y procedimientos e incorporar las nuevas tecnologías en la práctica judicial.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, estableciendo normas claras que aseguran la mejor protección de los derechos del justiciable, proporcionando certeza en la configuración de las instituciones procesales, tanto en lo que afecta a los plazos y cómputo de los mismos, como a los procedimientos que se agilizan.

En cuanto al principio de transparencia, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información públicas, conforme al artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone carga administrativa que no se encuentre justificada y resulte la mínima y, en todo caso, proporcionada, en atención a la particular situación existente y la necesidad de garantizar el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a iniciativa del Ministro de Justicia y de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de abril de 2020,

CAPÍTULO I, MEDIDAS PROCESALES URGENTES, RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

-CAPÍTULO I-
Medidas procesales urgentes

Artículo 1. Habilitación de días a efectos procesales.

1. Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020. Se exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y la eficacia de la medida, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia adoptarán de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para la distribución de las vacaciones de Jueces, Magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Artículo 2. Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir.

1. Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para la interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

Artículo 3. Ámbito del procedimiento especial y sumario en materia de familia.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se decidirán a través del procedimiento especial y sumario regulado en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-Ley las siguientes demandas:

a) Las que versen sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y las demás autoridades sanitarias con el objeto de evitar la propagación del COVID-19.

b) Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, de 1 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando la revisión tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del progenitor obligado a dichas prestaciones económicas como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

c) Las que pretendan la revisión de la obligación de prestar alimentos cuando dicha modificación tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dichas prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

Artículo 4. Competencia.

1. Será competente para conocer de los procedimientos a que se refieren los apartados a) y b) del artículo anterior el juzgado que hubiera resuelto sobre el régimen de visitas o custodia compartida cuyo reequilibrio se inste o que hubiera acordado las medidas definitivas cuya revisión se pretenda.

2. Será competente para conocer del procedimiento previsto en el apartado c) del artículo anterior el juzgado que hubiera resuelto en su día sobre la prestación de alimentos.

Artículo 5. Tramitación.

1. El procedimiento principiará por demanda, con el contenido y forma propios del juicio ordinario.

La demanda a que se refieren las letras b) y c) del artículo 3 deberá ir acompañada de un principio de prueba documental que consistirá en la aportación del certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios de desempleo, en caso de situación legal de desempleo, o bien el certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la comunidad autónoma que acredite el cese de actividad o disminución de ingresos, en el caso de trabajadores por cuenta propia.

2. El Letrado de la Administración de Justicia, examinada la demanda, la admitirá por decreto o, cuando estime que puede haber falta de jurisdicción o competencia, dará cuenta al juez para que resuelva en este caso sobre su admisión.

3. Admitida a trámite la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia acordará que se cite a las partes y al Ministerio Fiscal cuando proceda, a una vista, que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de admisión de la demanda.

4. Con carácter previo a la celebración de la vista se podrá intentar que las partes lleguen a un acuerdo, que será homologado judicialmente. En caso de que haya algún menor interesado en el objeto del procedimiento, este acuerdo solo podrá ser homologado considerando el interés superior del menor.

Asimismo, previamente a la celebración de la vista, en los procedimientos iniciados mediante la demanda a que se refiere la letra a) del artículo 3, se dará audiencia de manera reservada a los hijos menores si el tribunal lo considerara necesario y, en todo caso, a los mayores de doce años.

5. La vista comenzará dándose la palabra a la parte demandante, para que ratifique la demanda o la amplíe sin realizar variaciones sustanciales, y acto seguido a la parte demandada para que conteste a la demanda, pudiéndose solicitar el recibimiento del pleito a prueba. Igualmente podrá formularse reconvención.

Las partes podrán solicitar, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la vista, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en la misma, requieran de citación o requerimiento, o que se soliciten aquellos documentos, que posean instituciones públicas o privadas, y que no estén a su disposición.

Las partes tendrán que asistir al acto con las pruebas de que intenten valerse, debiendo practicarse dichas pruebas, así como las que pueda acordar de oficio el juez, en el mismo acto de la vista. Si ello fuera imposible en relación con alguna de las pruebas, estas deberán practicarse en el plazo que señale el juez, que no podrá exceder de quince días.

6. Practicadas las pruebas, podrá éste conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones.

7. Finalizada la vista, el tribunal podrá dictar resolución, en forma de sentencia o auto según corresponda, oralmente o bien por escrito en el plazo de tres días hábiles.

8. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento podrá interponerse recurso de apelación.

9. En todo lo no previsto en este artículo será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, para la tramitación del juicio verbal.

Artículo 6. Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo a que se refieren los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

1. Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo, las demandas presentadas por los sujetos legitimados a los que se refiere el apartado segundo de este artículo, cuando versen sobre las suspensiones y reducciones de jornada previstas en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-10 y dichas medidas afecten a más de cinco trabajadores.

2. Además de los sujetos legitimados conforme al artículo 154 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, estará igualmente legitimada para promover los citados procedimientos de conflicto colectivo la comisión representativa prevista en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere este artículo.

3. La demanda deberá concretar los datos de antigüedad, categoría profesional, salario, lugar de trabajo y demás relativos a los trabajadores demandantes.

Artículo 7. Tramitación preferente de determinados procedimientos.

1. Durante el período que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y procedimientos:

a) Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y sumario previsto en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-ley.

b) En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.

c) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria COVID-19.

d) En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente los procesos de despidos, los derivados de la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas y los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; y, finalmente, los procedimientos para la impugnación individual o colectiva de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adaptación de jornada previstas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Asimismo, tendrán carácter preferente los procedimientos que se sigan para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adaptación de jornada previstas en el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del carácter preferente que tengan reconocidos otros procedimientos de acuerdo con las leyes procesales.

No obstante, en el orden jurisdiccional social, los procedimientos para la impugnación individual o colectiva de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adaptación de jornada previstas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, tendrán carácter urgente a todos los efectos y serán preferentes respecto de todos los que se tramiten en el juzgado, salvo los que tengan por objeto la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas