Para la tramitación del concurso de acreedores, debe presentarse una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia del deudor. Dicha demanda deberá ir firmada por abogado y procurador, e ir acompañada de documentación justificativa del estado de insolvencia, entre la que debe figurar una memoria de la historia económica y jurídica, el inventario de bienes y derechos que integran el patrimonio y la relación de acreedores, entre otros. Podrán solicitar la declaración de concurso tanto el propio deudor, en cuyo caso se considerará concurso voluntario, como sus acreedores, en cuyo caso se considerará concurso necesario.

Una vez presentada la solicitud de concurso, el Juzgado correspondiente dictará un auto de declaración de concurso, en el cual dispondrá los efectos que tenga sobre las facultades de administración y disposición del deudor, nombrará a un administrador concursal y ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado para que, en el plazo de un mes, los acreedores comuniquen sus créditos.

La administración concursal deberá realizar un informe, en el cual hará constar análisis de la memoria presentada, exposición de la contabilidad del concursado, una memoria de las decisiones adoptadas por la administración concursal en el ejercicio de sus funciones y la exposición motivada sobre la situación del concursado, a lo que acompañará inventario de la masa activa y listado de acreedores, procediendo a calificar cada uno de los créditos con privilegio especial, privilegio general, crédito ordinario o crédito subordinado.

Una vez transcurrido el plazo para impugnar el informe, finaliza la fase común del concurso, procediéndose, entonces, a la fase de convenio, si lo hubiese; y en caso contrario, a la liquidación del patrimonio del deudor para satisfacer los créditos de los acreedores en su orden y cuantía correspondiente. A su vez, se procederá a calificar el concurso como culpable o fortuito, en función de que el endeudamiento se produjera con negligencia o mala fe, conllevando distintas consecuencias jurídicas en caso de ser culpable.

En el caso de las personas físicas, una vez liquidado el patrimonio o propuesto un plan de pagos, el juez podrá conceder la llamada “segunda oportunidad”, de forma que podrán quedar exoneradas las deudas que hayan quedado insatisfechas. Para ello será fundamental que se trate, en los términos previstos por la Ley Concursal, de un deudor de buena fe.

Dentro del concurso, la forma más habitual de proceder a la reestructuración es mediante convenio. El convenio sustituye a la liquidación, y puede contener propuestas de quita y/o espera con distintas condiciones. Dicho convenio pueden proponerlo el deudor y los acreedores cuyos créditos superen la quinta parte de la masa pasiva.

Con carácter previo a la declaración de concurso, puede proponerse un plan de reestructuración. El deudor podrá comunicar al Juzgado la apertura de negociaciones, suspendiéndose durante tres meses el deber de solicitar la declaración de concurso, tras lo cual dispondrá del plazo de un mes para presentar la demanda. En determinados casos, el juez deberá nombrar a un experto en la reestructuración. La propuesta deberá comunicarse a todos los acreedores afectados, que tendrán derecho de voto, quedando aprobado por el voto favorable de dos tercios del pasivo de cada clase. Deberá formalizarse en escritura pública y, en determinados casos, será necesaria su homologación judicial.

Cuando finaliza la fase común del concurso y no se ha propuesto un convenio o este se ha incumplido, procede la apertura de la liquidación de la masa activa, salvo que el concurso se haya declarado sin masa. En esta fase, el administrador concursal liquidará los bienes y derechos del modo más conveniente para el interés del concurso, sujeto a las normas marcadas por la Ley Concursal. Deberá respetar el orden de prioridad: deberá pagar primeramente los créditos contra la masa (principalmente, la retribución de la administración concursal y los créditos generados durante el concurso). Después, deberá pagar los créditos con privilegio especial con cargo a los bienes y derechos afectos (fundamentalmente, créditos hipotecarios). A continuación, procederá al pago de los créditos con privilegio general (entre ellos, salarios y créditos públicos). Pagados los anteriores, abonará los créditos ordinarios y, solo una vez pagados los anteriores, se realizará el de los créditos subordinados. En caso de resultar insuficiente la masa activa para el pago de todos los anteriores, el pago se realizará a prorrata dentro de la clase que corresponda.

El deudor puede solicitar la exoneración de las deudas insatisfechas una vez liquidada la masa activa o, antes de proceder a liquidar, proponiendo un plan de pagos. Esta es la llamada “ley de la segunda oportunidad”, que permite a las personas físicas acogerse a la misma con el fin de empezar de cero, sin el lastre de sus deudas pasadas.

La exoneración puede tener lugar tras la liquidación de la masa activa, en cuyo caso se presentará la solicitud acompañada de las declaraciones del IRPF de los tres años anteriores. El juez, si concurren los requisitos previstos por la ley, concederá la exoneración.

También puede producirse la exoneración mediante la proposición de un plan de pagos, que deberá contener un calendario de los créditos que vayan a ser satisfechos dentro del plazo establecido, que podrá ser de hasta 3 años en caso de realizar la vivienda habitual o de 5 años en caso de no hacerlo. El juez concederá, en su caso, la exoneración y el deudor se encontrará provisionalmente exento del pago de dichas deudas hasta la finalización del plan de pagos, cuando se declarará la exoneración definitiva. En caso contrario, se procederá a la liquidación.

En ningún caso podrá concederse la exoneración del pasivo insatisfecho en caso de incurrir el deudor en alguna de las exclusiones previstas por la ley (condenas penales o infracciones administrativas en los últimos diez años, falta de colaboración, comportamiento negligente al endeudarse, etc.). La exoneración tampoco podrá afectar a determinadas deudas, como la mayor parte de los créditos públicos o las deudas con garantía real.