CAPÍTULO II, Medidas concursales y societarias, RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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-CAPÍTULO II- Medidas concursales y societarias.

Artículo 8. Convenios concursales.

1. En los convenios concursales que se encuentren en periodo de cumplimiento, los pagos pendientes de créditos a los que vincule el convenio que venzan después de la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020 quedarán aplazados por un período de 6 meses, sin intereses por el periodo de aplazamiento, a contar desde la fecha de los respectivos vencimientos, cualquiera que sea la duración de la espera pactada.

Esta moratoria no afectará a las demás obligaciones asumidas en el convenio por el deudor o por terceros, así como tampoco a los acuerdos singulares de pago que el concursado hubiera alcanzado con acreedores no vinculados al convenio antes de la declaración del estado de alarma.

2. Desde la fecha de eficacia del convenio, se aplicarán las reglas establecidas en el apartado anterior a aquellos que, habiendo alcanzado las mayorías del pasivo concursal ordinario establecidas por la Ley, estuvieran pendientes de aprobación por el juez del concurso a la fecha de declaración del estado de alarma.

3. Durante el año siguiente a contar desde la fecha en que quede sin efecto el estado de alarma, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en período de cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos. La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario.

4. Durante los seis meses siguientes a contar desde la fecha en que quede sin efecto el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de presentación. Durante esos tres meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.

5. En caso de liquidación, tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez, siempre que en la propuesta respectiva conste la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación o de la garantía a que se hubieran comprometido.

6. Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.

Artículo 9. Acuerdos de refinanciación.

1. Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y durante el año siguiente a contar desde la fecha en que quede sin efecto el estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

2. Durante los seis meses siguientes a contar desde la fecha en que quede sin efecto el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la fecha de presentación. Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del acuerdo que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.

Artículo 10. Extensión de la suspensión del deber del deudor de solicitar el concurso de acreedores.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 no tendrá el deber de solicitar el concurso el deudor que se encuentre en estado de insolvencia como consecuencia de la crisis del COVID 19. A estos efectos, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el estado de insolvencia es consecuencia de la crisis del COVID 19 si con anterioridad al 14 de marzo de 2020 no se encontraba incurso en ninguno de los supuestos que habilitan al acreedor para solicitar la declaración de concurso de acuerdo con el apartado cuarto del artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Hasta el 31 de diciembre de 2020 no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso el deudor que se encuentre en estado de insolvencia como consecuencia de la crisis del COVID-19, y que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. A estos efectos operará la presunción del párrafo anterior de este apartado.

2. El acreedor que solicite la declaración de concurso antes del plazo previsto en el apartado anterior deberá acreditar que el título por el que se ha despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago o cualquiera de los hechos previstos en el apartado cuarto del artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, existían con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

3. Cualquiera que fuera el título o hecho en el que el acreedor fundara su solicitud, se emplazará al deudor en los términos del artículo 15.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que pueda formular oposición. Si el acreedor fundara su solicitud en un embargo o en una investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa o judicial de insolvencia, la oposición del deudor sólo podrá referirse a la fecha de dichos títulos.

4. En todos los casos, se seguirá la tramitación prevista en los artículos 18 y siguientes de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Artículo 11. Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor.

1. En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes a la finalización del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él.

2. En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios los créditos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de éste, a partir de la declaración de ese estado.

Artículo 12. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.

1. En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de la vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa.

2. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento.

3. Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se presenten.

Artículo 13. Tramitación preferente.

Hasta que transcurra un año a contar desde la finalización del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente:

a) Los incidentes concursales en materia laboral.
b) Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.
c) Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio
d) Los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
e) Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
f) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente
g) La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

Artículo 14. Subastas.

En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la finalización de la vigencia del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a esa fecha, las subastas de bienes y derechos y de unidades productivas de la masa que se realicen durante la fase de liquidación deberán ser extrajudiciales, aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa.

Artículo 15. Aprobación del plan de liquidación.

1. Cuando a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido quince días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan de liquidación, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias u oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

2. Cuando a la finalización de la vigencia del estado de alarma el plan de liquidación presentado por la administración concursal aún no estuviera de manifiesto en la oficina del juzgado, el Letrado de la administración de justicia así lo acordará de inmediato y, una vez transcurrido el plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento del Juez del concurso para que proceda conforme a lo establecido en el apartado anterior.

Artículo 16. Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos.

Hasta el 31 de diciembre de 2020, el mediador concursal que fuera designado para intervenir en un acuerdo extrajudicial de pagos deberá aceptar el nombramiento, salvo justa causa que deberá ser apreciada por la autoridad que le hubiera nombrado y bajo su responsabilidad. El mediador concursal que, sin justa causa, no aceptara el nombramiento, no podrá ser designado ni mediador ni administrador concursal por un plazo de tres años en la provincia en la que radique la notaría o el registro que lo hubiera designado.

Artículo 17. Suspensión de la obligación de reducción de capital por pérdidas.

1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado Texto Refundido, no se computará el resultado del ejercicio que se cierre en el año 2020.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en el ejercicio social que se cierre en el año 2020.

CAPÍTULO III, Medidas organizativas y tecnológicas, RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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-CAPÍTULO III-, Medidas organizativas y tecnológicas.

Artículo 18. Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.

1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.

3. Las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen de presencia telemática cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello.

Artículo 19. Acceso a las salas de vistas.

Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, el juez o tribunal limitará el acceso del público a todas las actuaciones orales en atención a las características de las salas de vistas.

Artículo 20. Exploraciones médico-forenses.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible.

Artículo 21. Dispensa de la utilización de togas.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, las partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas del uso de togas en las audiencias públicas.

Artículo 22. Atención al público.

1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, la atención al público en cualquier sede judicial se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la página web de la correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

2. Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial, será necesario obtener previamente la correspondiente cita, de conformidad con los protocolos que al efecto establezcan las administraciones competentes.

Artículo 23. Órganos judiciales asociados al COVID – 19.

1. De conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, podrá transformar los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del presente real decreto-ley en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.

2. Se habilita al Ministerio de Justicia para que, oído el Consejo General del Poder Judicial, pueda anticipar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse todos o algunos de ellos con carácter exclusivo al conocimiento de procedimientos asociados al COVID-19.

Artículo 24. Asignación preferente de Jueces de adscripción territorial.

Los Jueces de adscripción territorial por designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales, con carácter preferente, en órganos judiciales que conozcan de procedimientos asociados al COVID-19.

Artículo 25. Actuaciones dentro de un mismo centro de destino.

1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los Secretarios Coordinadores Provinciales podrán asignar a los Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios al servicio de la Administración de Justicia destinados en cualquiera de las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales, la realización de cualquiera de las funciones que, siendo propias del Cuerpo al que pertenecen, estén atribuidas a cualesquiera otras unidades

2. En los partidos judiciales en que no se encuentren aprobadas las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, la asignación de funciones, en el mismo período establecido en el apartado anterior, podrá realizarse entre el personal destinado en cualquier órgano unipersonal o colegiado.

3. En la asignación que regulan los dos apartados anteriores se dará preferencia a los funcionarios que accedan voluntariamente y en ningún caso implicará variación de retribuciones.

La adopción de la decisión de asignación se adoptará, en todo caso, mediante resolución motivada que se fundamentará en que la medida resulta imprescindible para garantizar la correcta prestación del servicio.

Asimismo, dicha asignación solo podrá realizarse entre unidades u órganos que radiquen en el mismo municipio y que pertenezcan al mismo orden jurisdiccional en el que el Letrado o funcionario venga realizando su actividad profesional.

Artículo 26. Jornada laboral.

1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se establecerán, para los Letrados de la Administración de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.

2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia establecerán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículo 27. Sustitución y refuerzo de Letrados de la Administración de Justicia en prácticas.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 las enseñanzas prácticas de los cursos de formación inicial del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a las que se refiere el artículo 24 del Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, podrán realizarse desempeñando labores de sustitución y refuerzo cuando así lo determine la Dirección del Centro, teniendo preferencia sobre los Letrados sustitutos en cualquier llamamiento para el ejercicio de tales funciones.

2. Los Letrados de la Administración de Justicia que realicen las labores de sustitución y refuerzo conforme al apartado anterior ejercerán sus funciones con idéntica amplitud a la de los titulares y quedarán a disposición del Secretario de Gobierno correspondiente.

El Secretario de Gobierno deberá elaborar un informe sobre la dedicación y rendimiento en el desempeño de sus funciones, que deberá remitir al Centro de Estudios Jurídicos para su evaluación.

3. En todo caso, el Centro de Estudios Jurídicos garantizará la adecuada tutoría de las prácticas, a cuyo efecto las Secretarías de Gobierno prestarán la debida colaboración.

4. Los Letrados de la Administración de Justicia en prácticas que realicen labores de sustitución y refuerzo percibirán la totalidad de las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeñado, que serán abonadas por el Ministerio de Justicia.

DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS,Y FINALES: RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

RDL DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS, Y FINALES.

Disposición adicional única.- Ampliación del plazos en el ámbito del Registro Civil.

1. En los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo de un año para la celebración del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de alarma.

2. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a aquellos expedientes en los que no hubiera transcurrido el plazo de un año desde la publicación de edictos, de su dispensa o de las diligencias sustitutorias que prevé el artículo 248 del Reglamento de la Ley del Registro Civil aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958.

3. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización se ampliará a cinco días naturales el plazo de 72 horas que el artículo 46.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil establece para que la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de las actuaciones procesales.

1. Las normas del presente real decreto-ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquéllas se produzcan.

2. No obstante, aquellas normas del presente real decreto-ley que tengan un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Disposición transitoria segunda.- Previsiones en materia de concurso de acreedores.

1.- Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera presentado alguna solicitud de concurso necesario se aplicará lo dispuesto en el artículo 10.

2.- Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, algún deudor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación ante la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, el Juez no proveerá sobre la misma si el deudor presentara propuesta de modificación del convenio. Si en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley algún acreedor hubiera presentado solicitud de declaración de incumplimiento de convenio, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el artículo 43 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Disposición final primera.- Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en los siguientes términos.

Uno: Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 4 que queda redactado como sigue:

«f) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

Dos. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 6 que queda redactado como sigue:

«d) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como profesional para cualquier trámite electrónico con la Administración en los términos establecidos por las leyes procesales.

A tal efecto, el Consejo General o el superior correspondiente deberá poner a disposición de las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión que permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, garantizando que en él consten sus datos profesionales, tales como número de colegiado, domicilio profesional, número de teléfono y de fax y dirección de correo electrónico».

Tres. Se añade un segundo párrafo al artículo 8 con la siguiente redacción:

Las administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para que estos sistemas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías».

Cuatro. Se modifica la disposición adicional quinta que queda con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Dotación de medios e instrumentos electrónicos y sistemas de información.

Las Administraciones competentes en materia de justicia dotarán a todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente. Estos sistemas serán plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías, con respeto a las políticas internas que garanticen el derecho a la desconexión digital recogido en el artículo 88 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Asimismo, formarán a los integrantes de los mismos en el uso y utilización de dichos medios e instrumentos».

Disposición final segunda. – Modificación de la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasará a tener la siguiente redacción:

“Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el 30 de abril de 2021, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1, 2 y 4, 53, 64, 66 y 67.3 y la disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

Hasta la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles”.

Disposición final tercera.- Modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se introduce una disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 151.2 de la presente Ley en relación con los actos de comunicación del Ministerio Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta dicha fecha el plazo regulado en dicho artículo será de diez días naturales.»

Disposición Final Cuarta. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Se modifica la letra d) del apartado 4 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, que quedará redactada de la siguiente manera:

«d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos.
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos».

Disposición final quinta.- Título competencial.

Este Real Decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª, 6ª y 8ª, de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación mercantil y procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas y legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, formales o especiales, allí donde existan, y ordenación de los registros e instrumentos públicos.

Disposición final sexta.- Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

❎ HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE GESCOBRO

GESCOBRO es una empresa que se dedica a comprar créditos fallidos a entidades financieras, en especial, de créditos y tarjetas revolving.

monitorio hoist finance

Un crédito fallido es aquel que la entidad propietaria del mismo no ha conseguido cobrar, y que, para intentar recuperar algo de lo que todavía le debe el deudor, pone a la venta.

Suelen ser paquetes con decenas, sino cientos de miles de préstamos no cobrados, otras empresas que operan de este modo son TTI FINANCE, HOIST FINANCE, INTRUM, INVESTCAPITAL.

El comprador podrá ejercer los derechos que tuviera la entidad vendedora frente al prestatario, esto es, reclamarle la deuda junto con los intereses, las comisiones, las cuotas, etc.

Normalmente la deuda se vende por un porcentaje de la cantidad impagada del crédito, por ejemplo, si se deben 10.000 €, se vende por el 5%, esto es, 500 €, si la compradora, GESCOBRO en este caso, recupera el crédito al 100 % habrá ganado 9500 €, el 95% de la deuda, menos los gastos en los que haya incurrido para recuperarla.

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❎ HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE INVESTCAPITAL [2020]

INVESTCAPITAL LTD es una empresa que se dedica a comprar créditos fallidos a entidades financieras, en especial, de créditos y tarjetas revolving.

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Un crédito fallido es aquel que la entidad propietaria del mismo no ha conseguido cobrar, y que, para intentar recuperar algo de lo que todavía le debe el deudor, pone a la venta.

Suelen ser paquetes con decenas, sino cientos de miles de préstamos no cobrados, otras empresas que operan de este modo son GESCOBRO, INTRUM, ESTRELLA RECEIVABLES, Hoist Finance .

El comprador podrá ejercer los derechos que tuviera la entidad vendedora frente al prestatario, esto es, reclamarle la deuda junto con los intereses, las comisiones, las cuotas, etc.

Normalmente la deuda se vende por un porcentaje de la cantidad impagada del crédito, por ejemplo, si se deben 10.000 €, se vende por el 5%, esto es, 500 €, si la compradora, INVESTCAPITAL LTD en este caso, recupera el crédito al 100 % habrá ganado 9500 €, el 95% de la deuda, menos los gastos en los que haya incurrido para recuperarla.

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❎ HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE TTI FINANCE

TTI FINANCE es una empresa que se dedica a comprar créditos fallidos a entidades financieras, en especial, de créditos y tarjetas revolving.

HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE TTI FINANCE

Un crédito fallido es aquel que la entidad propietaria del mismo no ha conseguido cobrar, y que, para intentar recuperar algo de lo que todavía le debe el deudor, pone a la venta.

Suelen ser paquetes con decenas, sino cientos de miles de préstamos no cobrados, otras empresas que operan de este modo son Investcapital LTD, TTI FINANCE, Hoist Finance o TTI Finance.

El comprador podrá ejercer los derechos que tuviera la entidad vendedora frente al prestatario, esto es, reclamarle la deuda junto con los intereses, las comisiones, las cuotas, etc.

Normalmente la deuda se vende por un porcentaje de la cantidad impagada del crédito, por ejemplo, si se deben 10.000 €, se vende por el 5%, esto es, 500 €, si la compradora, TTI FINANCE en este caso, recupera el crédito al 100 % habrá ganado 9500 €, el 95% de la deuda, menos los gastos en los que haya incurrido para recuperarla.

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❎ HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE INTRUM

INTRUM es una empresa que se dedica a comprar créditos fallidos a entidades financieras, en especial, de créditos y tarjetas revolving.

HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE INTRUM

Un crédito fallido es aquel que la entidad propietaria del mismo no ha conseguido cobrar, y que, para intentar recuperar algo de lo que todavía le debe el deudor, pone a la venta.

Suelen ser paquetes con decenas, sino cientos de miles de préstamos no cobrados, otras empresas que operan de este modo son Investcapital LTD, Estrella ReceivablesHoist Finance o TTI Finance.

El comprador podrá ejercer los derechos que tuviera la entidad vendedora frente al prestatario, esto es, reclamarle la deuda junto con los intereses, las comisiones, las cuotas, etc.

Normalmente la deuda se vende por un porcentaje de la cantidad impagada del crédito, por ejemplo, si se deben 10.000 €, se vende por el 5%, esto es, 500 €, si la compradora, INTRUM en este caso, recupera el crédito al 100 % habrá ganado 9500 €, el 95% de la deuda, menos los gastos en los que haya incurrido para recuperarla.

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❎ HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE ESTRELLA RECEIVABLES

ESTRELLA RECEIVABLES es una empresa que se dedica a comprar créditos fallidos a entidades financieras, en especial, de créditos y tarjetas revolving.

HACIENDO FRENTE A UN MONITORIO DE ESTRELLA RECEIVABLES

Un crédito fallido es aquel que la entidad propietaria del mismo no ha conseguido cobrar, y que, para intentar recuperar algo de lo que todavía le debe el deudor, pone a la venta.

Suelen ser paquetes con decenas, sino cientos de miles de préstamos no cobrados, otras empresas que operan de este modo son Investcapital LTD, Intrum, Hoist Finance ,TTI Finance, o GESCOBRO.

El comprador podrá ejercer los derechos que tuviera la entidad vendedora frente al prestatario, esto es, reclamarle la deuda junto con los intereses, las comisiones, las cuotas, etc.

Normalmente la deuda se vende por un porcentaje de la cantidad impagada del crédito, por ejemplo, si se deben 10.000 €, se vende por el 5%, esto es, 500 €, si la compradora,  ESTRELLA RECEIVABLES en este caso, recupera el crédito al 100 % habrá ganado 9500 €, el 95% de la deuda, menos los gastos en los que haya incurrido para recuperarla.

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❎ Cancelar, anular o reclamar Barclaycard Plus de Wizink

Con nosotros es fácil y sencillo cancelar, anular o reclamar por una tarjeta revolving Barclaycard Plus de Wizink.

Cancelar, anular o reclamar Visa Cepsa de Wizink

Si eres un afectado por los intereses abusivos de las tarjetas de WIZINK contacta ya con nosotros. Iniciamos la reclamación en tu nombre para que recuperes tu dinero.

Desde [AP] te ofrecemos un servicio de reclamaciones de intereses usurarios con:

    • Abogados especializados.
    • Honorarios a éxito.
    • Contacto directo con el responsable de la reclamación.
    • Garantía de satisfacción.

Proceso sencillo:

    1. Rellena el formulario.
    2. Habla con un abogado especialista.
    3. Comienza ya la recuperación de tu dinero.

Click para saber más sobre cómo trataremos tus datos personales http://abogadopiqueras.es/datos/

¿POR QUÉ RECLAMAR UNA TARJETA Barclaycard Plus de Wizink?

El principal motivo para iniciar la reclamaciones de una tarjeta Barclaycard Plus de Wizink son sus intereses abusivos.

La tarjeta Barclaycard Plus de Wizink aplica una TAE del 26.82 % anual, este tipo de interés, incluso comparado con la media de las tarjetas revolving, es muy superior al habitual en el mercado.

El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, confirma el criterio que ya había fijado, determinando que un interés del 26,82 % TAE es usurario.

¿QUÉ PUEDO CONSEGUIR SI RECLAMO POR LA TARJETA Barclaycard Plus de Wizink?

Existen dos escenarios, aquel en el que ya has pagado lo que gastaste con la tarjeta Wizink y aquel en el que todavía no lo has hecho.

En el primero puedes recuperar todo lo que exceda de lo que has gastado, si gastaste 1000 € y has pagado 3000 €, recuperas 2000 €.

En el segundo escenario, si has gastado 1000 €, has pagado 900 € y aún debes 1000 €, pagarás 100 € y ya no deberás nada.

¿VOY A PODER DEJAR DE PAGAR?

En el primer escenario, dejarás de pagar y recuperarás todo lo pagado por intereses usurarios y comisiones.

En el segundo, eliminarás la deuda que exceda de lo gastado, aplicando los intereses al principal y también las comisiones abusivas.

¿EN QUÉ SE BASA [AP] PARA RECLAMAR LA NULIDAD DE LAS TARJETAS Barclaycard Plus de Wizink?

Nuestro despacho basa sus reclamaciones y demandas judiciales en la Ley Azcárate de 1908, mediante la que se reprimía la usura.

El Tribunal Supremo ha interpretado que los intereses de las tarjetas revolving que superen ampliamente el 20% TAE, son abusivos y usurarios, por lo que declara nulo el contrato que los establece.

Este criterio quedó fijado en una sentencia de 2015, y, recientemente, se ha ratificado mediante una otra de marzo de 2020.

No es el único argumento en el que nos podemos basar, muchos de los contratos de estas tarjetas de crédito no cumplen con los criterios de transparencia.

Falta de información, letra minúscula, contratos sin firma, anexos ilegibles, son otros motivos por los que pedir la nulidad de la tarjeta revolving, aunque el interés no sea abusivo.

¿QUÉ PORCENTAJE DE ÉXITO TIENEN LAS RECLAMACIONES DE TARJETAS Revolving ?

Miles de consumidores están ganando sus juicios contra las emisoras de tarjetas de crédito revolving, creemos acertado decir que el porcentaje de éxito supera el 90%.

Más allá de lo anterior, los abogados de [AP], tras revisar la documentación, podrán asegurarte las probabilidades del éxito de tu reclamación, e incluso la cantidad que puedes recuperar.

¿CÓMO GESTIONAIS LAS RECLAMACIONES POR REVOLVING ?

Una vez que hayas hablado con nuestros abogados especializados en tarjetas revolving pondremos en marcha la reclamación e intento de resolución extrajudicial.

Junto con la petición al SAC para que cancelen los intereses abusivos y retrocedan las comisiones, solicitaremos toda la documentación para iniciar el procedimiento judicial si la vía amistosa fracasa, así como para realizar las cuentas precisas de cara a la petición al juez.

¿QUÉ OTRAS TARJETAS DE WIZINK SE PUEDEN RECLAMAR?

Aquí tienes una lista de las tarjetas para las que puedes plantear una reclamación por intereses abusivos.

¿QUÉ ES UNA TARJETA DE CRÉDITO REVOLVING O REVOLVENTE?

Las tarjetas revolving son un producto financiero que permite al usuario ir disponiendo de cantidades o realizar compras hasta un límite fijado por la entidad, es una especie de línea de crédito para el usuario.

Lo habitual es que, por defecto, venga con pago aplazado, bien mediante un porcentaje de la gastado, bien mediante una cuota fija, también existe la modalidad «mínimo a pagar», aunque es la menos aconsejable.

El hecho de que apliquen intereses muy altos conduce a que con las cuotas apenas se amortice principal del préstamo revolving. Únicamente se van cancelando intereses mientras la deuda permanece sin pagar, e incluso, en ocasiones, va aumentando.

Esto lleva a que los clientes estén años pagando sin reducir el principal, a esto hay que sumar las comisiones abusivas, las cuotas, los cargos por retirada de efectivo o traspaso a cuenta, los seguros…una espiral deudora de la que solo se sale aumentando las cuotas o el porcentaje que se paga.

Muy pocas personas pueden hacer lo anterior, de ahí, que se vean en una deuda cuasi-perpetua de la que no pueden salir.

¿CÓMO SE CALCULAN LOS INTERESES DE UNA TARJETA REVOLVING?

El cálculo de los intereses revolving es complejo, ya que, al ir volviendo a estar disponible el principal amortizado con cada cuota, y calcularse los intereses en función del gasto y el momento en que este se realizó, saber a ciencia cierta los intereses cobrados conlleva un buen número de operaciones matemáticas.

Más allá de lo anterior, podemos, teniendo determinados datos y los extractos, calcular lo pagado por intereses, comisiones, cuotas, etc. así como lo destinado a principal.

¿HAY MUCHAS SENTENCIAS FAVORABLES AL CONSUMIDOR?

Los Juzgados y Audiencias de todas España llevan años anulando tarjetas de crédito revolving, condenando a las entidades financieras a cobrar únicamente lo gastado con la tarjeta y, si el consumidor ya había pagado más, obligándoles a devolver los intereses y a pagar las costas.

A continuación os dejamos varios enlaces a sentencias favorables al consumidor en demandas de nulidad de tarjetas con intereses abusivos:

¿HAY MÁS ENTIDADES FINANCIERAS CON ESTOS PRODUCTOS?

La respuesta es si, la gran mayoría de entidades financieras y bancos de nuestro país comercializan tarjetas de este tipo, todas ellas con intereses muy altos. En la siguiente lista puedes encontrarás otras entidades que emiten tarjetas revolving.

¿QUIERES QUE TE AYUDEMOS A RECLAMAR TU TARJETA REVOLVING WIZINK?