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Cualquier persona natural o jurídica que se encuentre en estado de insolvencia tiene la posibilidad de solicitar su declaración en concurso de acreedores de acuerdo con la Ley de concurso de acreedores.

La insolvencia se refiere a la incapacidad de una persona o entidad para cumplir con todas sus obligaciones de pago, ya sea de manera temporal o permanente.

Según la normativa, la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores generalmente debe cumplirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se haya conocido el estado de insolvencia.

La situación de insolvencia se considera cuando se cumplen ciertos criterios definidos por la ley.

La Ley de concurso de acreedores establece varios indicadores que pueden presumirse como evidencia de insolvencia. Estos indicadores incluyen:

1. Una declaración judicial o administrativa firme de insolvencia previa.
2. La existencia de un título de ejecución sin bienes suficientes para el pago tras un embargo.
3. Embargos que afecten de manera general al patrimonio.
4. Sobreseimiento generalizado en el pago de obligaciones corrientes.
5. Sobreseimiento generalizado en el pago de obligaciones tributarias, seguridad social, salarios y otras retribuciones en los últimos tres meses previos a la solicitud de concurso.
6. Alzamiento o liquidación precipitada o ruinosa de los bienes.

Es importante destacar que estas presunciones admiten prueba en contra, lo que significa que el deudor puede presentar evidencia que demuestre que, a pesar de que se cumplan estos indicadores, no se encuentra en estado de insolvencia.

La insolvencia puede ser transitoria o absoluta desde un punto de vista económico, y el concurso de acreedores no distingue entre ambas situaciones desde una perspectiva judicial.

El concurso de acreedores puede ser declarado por:

1. El propio deudor (empresa): Cuando la empresa reconoce su insolvencia y toma la iniciativa de solicitar el concurso de acreedores, esto se denomina "Concurso Voluntario". En este caso, la empresa presenta la solicitud de concurso ante el tribunal competente.
2. Acreedores: Cuando uno o varios acreedores de la empresa consideran que el deudor está en una situación de insolvencia, pueden presentar una solicitud de concurso ante el tribunal, lo que se conoce como "Concurso Necesario". El tribunal evaluará la solicitud y, si se cumplen los requisitos, procederá con el concurso.

Ambos tipos de concurso tienen sus propias implicaciones y procedimientos, pero la declaración del concurso puede iniciarse tanto por la propia empresa como por sus acreedores en función de las circunstancias.

La solicitud de concurso de acreedores puede ser presentada por el órgano de administración o liquidación de la empresa. Esto incluye al administrador único, los administradores mancomunados, cualquiera de los administradores solidarios, el consejo de administración o el liquidador, entre otros. Además, los socios que tengan responsabilidad personal por las deudas de la empresa también pueden solicitar la declaración de concurso de la misma.

1. Memoria de la empresa de los últimos 3 años: Esto proporciona una visión histórica de la situación financiera de la empresa.

2. Estado actual y propuestas de viabilidad patrimonial: Debe detallar el estado financiero actual de la empresa y cualquier propuesta para restablecer su viabilidad patrimonial.
3. Inventario de bienes y derechos: Un listado completo de los activos y derechos de la empresa.
4. Relación de acreedores: Un registro de todos los acreedores de la empresa y las cantidades adeudadas.
5. Plantilla de trabajadores: Una lista de los empleados de la empresa.
6. Cuentas anuales, informes de gestión o auditoría de los últimos 3 ejercicios: Documentación financiera que proporciona información detallada sobre la situación económica de la empresa.
7. Poder especial que autoriza la presentación: Documento que otorga la autorización legal para presentar la solicitud de concurso de acreedores.

Esta documentación es esencial para que el tribunal pueda evaluar adecuadamente la solicitud de concurso y tomar decisiones informadas sobre cómo proceder en el caso.

En un concurso de acreedores, por lo general, se pueden identificar las siguientes fases:

1. Fase Común:
   • Se inicia con la admisión a trámite del concurso y el nombramiento del administrador concursal.
   • Se realiza un inventario de los bienes y derechos (masa activa) de la empresa en situación de concurso.
   • Se lleva a cabo la comunicación, reconocimiento y clasificación de los créditos de los acreedores (masa pasiva) y se crea un listado de los mismos.
2. Fase de Convenio:
   • En esta fase, se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar las deudas de la empresa.
   • El acuerdo puede implicar aplazamientos, quitas (rebajas en la deuda) u otras fórmulas de pago de las deudas.
   • Si se logra un acuerdo que obtiene la mayoría necesaria en la votación de la junta de acreedores, se aprueba el convenio, y la empresa debe cumplir con los acuerdos de pago.
   • Si no se aprueba el convenio, se procede a la fase de liquidación, aunque el deudor también puede solicitar pasar a esta fase en cualquier momento del concurso.
3. Fase de Liquidación:
   • En esta etapa, el administrador concursal presenta un plan de liquidación.
   • Una vez presentado y oído por los acreedores, se determina la liquidación de los activos de la empresa para hacer frente a las deudas, siguiendo un orden de prelación previamente establecido.
4. Fase de Calificación del Concurso:
   • En esta fase, se evalúa si el concurso es fortuito o culpable.
   • Se considera culpable cuando existe dolo o culpa grave por parte del deudor o sus representantes legales en la generación o agravación de la insolvencia.
   • La calificación del concurso culpable puede llevar a sanciones como la inhabilitación para administrar bienes, la pérdida de derechos en el concurso y posibles indemnizaciones por daños y perjuicios causados.

Estas fases constituyen el proceso general de un concurso de acreedores, pero es importante tener en cuenta que los detalles y la duración de cada fase pueden variar según la legislación específica de cada jurisdicción y las circunstancias del caso.

El procedimiento especial de microempresas es una vía concursal establecida por la legislación española con el propósito de simplificar la reorganización de las obligaciones financieras de las microempresas, que son empresas con determinadas características recogidas en el TRLC.

Este procedimiento ha sido diseñado para ser más ágil y económico en comparación con otros procesos concursales.

Su objetivo principal es asegurar la viabilidad de la empresa endeudada y garantizar la satisfacción de sus acreedores al permitir la negociación y el acuerdo entre ambas partes.