Relación entre pobreza y criminalidad en España: Un análisis multidisciplinar

pobreza y criminalidad

RESUMEN

Este artículo analiza la relación entre pobreza y criminalidad en España, evaluando si existe una correlación causal o si se trata de una asociación mediada por factores estructurales, culturales y sociales más amplios. A través de un enfoque multidisciplinar que combina teorías criminológicas, sociológicas y datos empíricos recientes, se examinan las dinámicas que vinculan la exclusión social con la comisión de delitos. Asimismo, se discuten las implicaciones de estas relaciones para el diseño de políticas públicas inclusivas y la necesidad de evitar la criminalización de la pobreza.

INTRODUCCIÓN

La pobreza y la criminalidad son dos fenómenos profundamente interconectados en el debate público y académico. Sin embargo, reducir la criminalidad a una mera consecuencia de la pobreza es simplista y puede resultar contraproducente. En España, regiones como Andalucía, Canarias y Extremadura registran tasas elevadas de pobreza y exclusión social, lo que plantea interrogantes sobre el impacto de estas condiciones en el comportamiento delictivo.

¿Hasta qué punto puede afirmarse que la pobreza genera criminalidad en el contexto español? ¿Es legítimo y justo que el sistema penal refuerce la estigmatización de las personas en situación de pobreza?

El propósito de este artículo es analizar críticamente la relación entre pobreza y criminalidad en España, revisando teorías criminológicas clave, datos estadísticos y las consecuencias sociales y jurídicas de criminalizar a los sectores más vulnerables.

TEORÍAS SOCIOLÓGICAS Y CRIMINOLÓGICAS

  • Teoría de la frustración (Robert Merton): Postula que la desigualdad estructural genera tensiones en las clases sociales desfavorecidas, llevando, en algunos casos, a adoptar conductas delictivas como forma de lograr objetivos inalcanzables por medios convencionales.

  • Teoría de la anomia: Vinculada a la desorganización social, plantea que la pérdida o debilidad de normas sociales compartidas puede facilitar conductas antisociales, especialmente en contextos de marginalidad.

  • Teoría del aprendizaje social (Albert Bandura): Sugiere que el comportamiento delictivo se aprende mediante la interacción con otros en entornos donde estas conductas son toleradas o valoradas.

  • Teoría de la subcultura delictiva (Cloward y Ohlin): Afirma que en determinados entornos marginales se desarrollan valores propios que legitiman y normalizan el delito como mecanismo de supervivencia o de afirmación social.

DATOS EMPÍRICOS SOBRE CRIMINALIDAD Y POBREZA EN ESPAÑA

En 2023, España registró más de 470.000 ciberdelitos, siendo las estafas informáticas el 90% del total. Este dato sugiere una transformación del crimen, menos vinculado al entorno socioeconómico clásico. El 29% de las personas en riesgo de pobreza laboral tenía un empleo, pero precario, lo que demuestra que el trabajo no siempre protege de la exclusión. Barrios como El Puche (Almería) y Carabanchel (Madrid) presentan mayores tasas de criminalidad, frecuentemente asociadas a la falta de oportunidades, infraestructuras deficientes y escasa presencia del Estado.

CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

Más allá de su papel como factor de riesgo, diversas investigaciones evidencian un fenómeno preocupante: la criminalización de los pobres. Esto se manifiesta en prácticas institucionales que estigmatizan, vigilancia excesiva en barrios marginales y aplicación desigual de la ley. Esta tendencia puede consolidar círculos viciosos de exclusión y reincidencia, afectando la legitimidad del sistema judicial.

CONCLUSIONES

La relación entre pobreza y criminalidad en España no es directa ni unidimensional. La pobreza puede incrementar la vulnerabilidad al delito, pero no es su causa exclusiva ni automática. Las teorías revisadas demuestran que intervienen múltiples factores estructurales, culturales y psicológicos. Por tanto:

  • No debe identificarse a los pobres como delincuentes potenciales.

  • Es crucial diseñar políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades estructurales.

  • El sistema penal debe evitar reproducir estigmas y garantizar una justicia social inclusiva.

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BIBLIOGRAFÍA