La reclamación de gastos de hipoteca se refiere a la devolución del dinero que el banco obligó al cliente a pagar para constituir el préstamo hipotecario. Estos gastos, que deben ser asumidos en gran parte por el banco, incluyen los de notaría, registro de la propiedad, gestoría y tasación. Se considera una práctica abusiva cargar al consumidor con la totalidad de estos costes.

La cláusula suelo es una disposición en algunos contratos hipotecarios de interés variable que establece un tipo de interés mínimo a pagar, independientemente de que el euríbor baje. Esto significa que, aunque el índice de referencia caiga, el deudor no se beneficia de la bajada. Se reclama la devolución de los intereses pagados de más debido a la aplicación de esta cláusula.

La comisión de apertura es un cargo que los bancos cobran al inicio del préstamo hipotecario para cubrir los gastos de estudio y gestión del mismo. Se reclama su devolución porque, en muchos casos, se considera que es una comisión que no responde a un servicio concreto y que no está justificada, ya que estos costes ya deberían estar incluidos en los intereses del préstamo.

El IRPH es otro índice de referencia que algunos bancos han utilizado para calcular los intereses de los préstamos hipotecarios, en lugar del euríbor. Se reclama su nulidad porque se considera que es un índice menos transparente y más alto que el euríbor, lo que ha supuesto un perjuicio para los consumidores. Se busca que el juez lo declare nulo y que se aplique un índice legal sustitutivo, generalmente el euríbor, con la consecuente devolución de las cantidades pagadas en exceso.

Los intereses de demora son los que el banco aplica al cliente en caso de retraso en el pago de una cuota de la hipoteca. Se consideran abusivos cuando son excesivamente altos, superando con creces los intereses remuneratorios habituales del préstamo. La jurisprudencia española ha establecido que estos intereses son desproporcionados si superan en más de dos puntos porcentuales el interés ordinario de la hipoteca.

La cláusula de vencimiento anticipado permite al banco dar por finalizado el contrato de la hipoteca y exigir la devolución de la totalidad del capital pendiente si el deudor incumple con el pago de una o varias cuotas. Se considera abusiva cuando se activa con un único o muy pocos impagos, ya que es una medida desproporcionada que deja al consumidor en una situación de indefensión. La ley exige que el impago sea grave y reiterado.