Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Hasta el 1 de diciembre de 2007 en que entró en vigor el TRLGDCyU la LGDCyU rigió en materia de cláusulas abusivas en la contratación de consumidores con empresarios. Por lo tanto es habitual que en la práctica forense sea necesario acudir a la cita de la misma si bien podemos afirmar que el texto refundido recoge en esencia lo dispuesto por ella.

Esta ley se promulga en virtud del art. 51 de nuestra Carta Magna (1), contenido dentro del Capítulo Tercero dedicado a los principios rectores de la política social y económica, y que obliga a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, según la sinopsis de Asunción García Martínez, Profesora titular de la Universidad Complutense, de Diciembre de 2003, actualizada por Sara Sieira. Letrada de las Cortes Generales en 2011.(2)

Es este un precepto que hay que encuadrar en el marco del concepto de Estado social de Derecho (art. 1.1 de la Constitución) y de la economía de mercado, teniendo en cuenta que, aunque al igual que otros artículos anteriores se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, aquéllos contemplan la vertiente social de la acción de los poderes públicos mientras que éste aborda el fundamento actual de la economía de mercado neocapitalista, basada en la llamada sociedad de consumo, de manera que la protección específica a los consumidores como sostén básico del modelo económico se convierte en una fórmula de reforzamiento del citado modelo.

Desde este punto de vista, siendo el bienestar social exigencia y meta del neocapitalismo y por ello integrante del actual estado social, la inclusión de la protección de los consumidores en la Constitución parece exceder el campo que le correspondería formalmente por su ubicación en el ámbito de los derechos sociales, que es el correspondiente a la actividad normativa ordinaria de los poderes públicos, para convertirse en un verdadero principio del modelo económico adoptado por la Constitución.

     Ahora bien, es este un principio que opera en forma de límite del modelo de economía de mercado y de libertad de empresa que establece básicamente el art. 38 de la Constitución, límite cuyo fundamento se encuentra en los derechos de los consumidores y en la acción reguladora de los poderes públicos en consonancia con aquellos derechos; en definitiva, el art. 51 viene a intentar equilibrar el modelo de economía de mercado que, basado en la oferta de bienes de consumo, ha propiciado la posición dominante de las grandes sociedades productores, directa o indirectamente, de dichos bienes con la protección al consumidor frente a la indefensión en que pueden encontrarse en sus relaciones jurídicas con aquellas sociedades.

No cabe duda de que el fin de la Ley era muy loable y desde luego ya en el año 1984 ofrecía herramientas para que consumidores y usuarios vieran altamente protegidos sus intereses, también es cierto que el consumidor rara vez litiga y ello es así en primer lugar por la falta de información sobre sus derechos y en segundo porque son escasas las situaciones en las que, desde un punto de vista económico, sale a cuenta arriesgar los fondos necesarios para sostener un litigio siendo que la seguridad jurídica en determinados ámbitos es muy difícil de lograr.

El artículo 51 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos Intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán su información y educación, fomentaran sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.

Con el fin de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, la presente Ley, para cuya redacción se han contemplado los principios y directrices vigentes en esta materia en la Comunidad Económica Europea, aspira a dotar a los consumidores y usuarios de un instrumento legal de protección y defensa, que no excluye ni suplanta otras actuaciones y desarrollos normativos derivados de ámbitos competenciales cercanos o conexos, tales como la legislación mercantil, penal o procesal y las normas sobre seguridad industrial, higiene y salud pública, ordenación de la producción y comercio interior.

Los objetivos de la Ley se concretan en:

1. Establecer, sobre bases firmes y directas, los procedimientos eficaces para la defensa de los consumidores y usuarios.

2. Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo óptimo del movimiento asociativo en este campo.

3. Declarar los principios, criterios, obligaciones y derechos que configuran la defensa de los consumidores y usuarios y que, en el ámbito de sus competencias, habrán de ser tenidos en cuenta por los poderes públicos en las actuaciones y desarrollos normativos futuros, en el marco de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.

(1. Artículo 51
Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.)

(2.http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=51&tipo=2)